En su mensaje presidencial por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte abordó el creciente problema de la minería ilegal, destacando los esfuerzos y acciones para combatir este delito que amenaza la riqueza natural, la biodiversidad y el futuro de los peruanos. Sin embargo, tanto especialistas como mineros formales señalan que la raíz del problema no está siendo enfrentada adecuadamente.
Operativos constantes contra la minería ilegal
Boluarte informó que en 2023 se llevaron a cabo 729 operativos contra la minería ilegal. En los primeros cinco meses de 2024, se ejecutaron 481 operativos que resultaron en la destrucción de 1,336 campamentos, 6 plantas procesadoras y 502 pozas utilizadas para la extracción ilegal de minerales. Además, se incautaron 17,451 cartuchos de dinamita y otras herramientas esenciales, incluyendo maquinaria pesada utilizada en las operaciones ilícitas. La presidenta aseguró que estas acciones continuarán hasta desarticular completamente las organizaciones criminales detrás de la minería ilegal.
Protección en zonas vulnerables
Para proteger comunidades indígenas y áreas naturales amenazadas por la minería ilegal, Boluarte anunció la instalación de cinco puestos policiales en zonas clave: Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (Loreto), Reserva Comunal Amarakaeri (Sector Setapo), Reserva Comunal Tuntanain (Amazonas) y Reserva Nacional Tambopata (Madre de Dios). Estos puntos contarán con 50 efectivos policiales y 12 de la Marina de Guerra del Perú para reforzar la seguridad y vigilancia en estas regiones vulnerables. Además, se formará un Grupo de Trabajo compuesto por quince instituciones para actualizar la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal.
¿Qué se debe priorizar?
Especialistas señalan que las medidas actuales no son suficientes para erradicar la minería ilegal, que ya supera al narcotráfico en cifras monetarias. César Ipenza, abogado especialista en delitos ambientales, destaca diversas barreras, como la falta de un mecanismo de trazabilidad del oro extraído, lo que permite que el oro ilegal se mezcle con el oro de mineros registrados en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), evadiendo procesos penales. Además, la falta de control sobre la maquinaria pesada utilizada en estas operaciones ilícitas sigue siendo un desafío significativo.
Ipenza también menciona la falta de información cruzada entre la producción y venta de oro en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (RECPO), lo que refleja la falta de compromiso del Gobierno para enfrentar la minería ilegal. La corrupción en la cadena de valor de la minería de pequeña escala y la falta de control sobre insumos como combustible, mercurio y cianuro son puntos débiles adicionales.
Un enfoque integral es necesario
Ipenza enfatiza que sin un control adecuado del origen del oro, la minería ilegal continuará prosperando bajo una fachada de aparente legalidad. La actividad ilícita no solo impacta negativamente en lo económico, sino que también tiene profundos efectos sociales, incluyendo el trabajo infantil, la explotación laboral, y la perpetuación de la pobreza y la desigualdad.
Conclusión
El discurso de la presidenta Boluarte demuestra un compromiso genuino con la lucha contra la minería ilegal, destacando la magnitud de los operativos y las acciones emprendidas hasta la fecha. Sin embargo, es evidente que los esfuerzos actuales, aunque significativos, no abordan las raíces profundas del problema. Para avanzar hacia una solución sostenible y efectiva, es crucial implementar una estrategia integral que combine la represión de la actividad ilícita con el apoyo económico y social a las comunidades afectadas.